La causa, tramitada por la UFIyJ N°3 especializada en delitos cometidos mediante tecnologías digitales del Departamento Judicial La Matanza, permitió identificar a los responsables de una maniobra que consistía en tomar el control de cuentas de mensajería para solicitar dinero a familiares y contactos de las víctimas.
De acuerdo a la investigación, el principal sospechoso operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria N°39 de Ituzaingó, donde se encontraba alojado.
Desde allí, mediante engaños telefónicos y técnicas de ingeniería social, lograba acceder a cuentas de WhatsApp ajenas para luego pedir transferencias de dinero haciéndose pasar por las víctimas.
Las tareas investigativas desarrolladas por la Dirección de Investigaciones Cibercrimen permitieron establecer además que una mujer domiciliada en Villa Tesei era quien recepcionaba el dinero producto de las maniobras fraudulentas.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°4 otorgó dos órdenes de allanamiento y una orden de detención, que fueron ejecutadas durante las últimas horas con resultado positivo.
Uno de los procedimientos más relevantes se realizó dentro de la Unidad Carcelaria N°39 de Ituzaingó, donde los investigadores notificaron formalmente al imputado F. E. M, de 31 años, señalado como quien dirigía las estafas desde prisión.
Durante el operativo en el penal se secuestraron múltiples teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias informáticas para determinar el alcance de la organización y establecer si existen más víctimas vinculadas a la maniobra.
En simultáneo, otro allanamiento fue realizado en una vivienda de Villa Tesei, partido de Hurlingham, donde fue detenida Y. B P, de 38 años, acusada de participar activamente en la recepción y administración del dinero obtenido mediante las estafas.
En ese domicilio los efectivos secuestraron un total de 16 teléfonos celulares y una pistola Bersa Thunder calibre .380 ACP con numeración suprimida, un cargador y 27 municiones punta hueca.
A raíz del hallazgo del arma, la mujer también quedó imputada por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, agravando aún más su situación procesal.
Fuentes de la investigación señalaron a Oeste Noticias que las pericias sobre los dispositivos electrónicos serán fundamentales para determinar la cantidad de personas afectadas y si la banda operaba con otras cuentas hackeadas.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, mientras los especialistas en delitos tecnológicos avanzan sobre el análisis de la información secuestrada durante los allanamientos.
El operativo fue llevado adelante por personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, bajo directivas judiciales del Departamento Judicial La Matanza.