Una megacausa por estafas reiteradas a compañías aseguradoras avanza en los tribunales de Morón. En las últimas horas, la jueza de Garantías Karina De Luca resolvió denegar la excarcelación de los tres principales detenidos en la investigación: dos abogados y una médica, señalados como parte de una red organizada de fraudes con documentos apócrifos.
Se trata de Juan C., Ariana F. y Susana L., a quienes se les imputan múltiples hechos de uso de documento falso y estafas reiteradas, en perjuicio de la compañía Federación Patronal Seguros.
La Justicia negó la libertad
En la resolución firmada este martes 2 de julio, la jueza De Luca consideró que existen riesgos procesales concretos, como el entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. También remarcó la organización y complejidad de la maniobra, ejecutada por al menos 23 personas, con roles definidos y con una estructura que perduró en el tiempo.
Además, la magistrada tomó en cuenta el grado de preparación profesional de los imputados, quienes usaron sus conocimientos como abogados y médica para legitimar los fraudes.
“Su condición de profesionales se convierte en un agravante”, sostuvo la jueza.
Allanamientos y un nuevo detenido
Durante la noche del martes se realizaron allanamientos simultáneos en San Martín y Vicente López. Los operativos se centraron en la casa de los padres del abogado influencer G. G. (actualmente prófugo) y en su estudio jurídico, donde fue detenido su socio, también imputado en la causa.
La justicia continúa con órdenes de captura nacional e internacional para al menos tres personas que aún permanecen prófugas. Los investigadores creen que podrían intentar fugarse del país o entorpecer la recolección de pruebas, entre ellas historiales médicos, formularios de siniestros y peritajes fraguados.
¿Cómo funcionaba la estafa para la justicia?
Según fuentes judiciales, la organización presentaba reclamos falsos ante aseguradoras, utilizando documentación médica trucha, certificados adulterados y hasta identidades simuladas. Todo se montaba para simular accidentes de tránsito inexistentes, con el objetivo de cobrar indemnizaciones de forma ilegítima.
Se sospecha que los imputados operaban bajo un esquema que combinaba “abogados, médicos y reclutadores de víctimas” para montar siniestros simulados.